La defensa de la Amazonía será efectiva cuando el Estado y las comunidades trabajen juntos para garantizar que cada galón de combustible llegue a su destino legítimo y nunca termine financiando la destrucción de nuestros ríos y bosques.

El control del combustible en las cuencas amazónicas no puede ser una tarea aislada: requiere la acción coordinada de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los organismos supervisores y fiscalizadores, las autoridades locales y las propias comunidades para proteger los ríos y cerrar el paso a la minería ilegal.

La lucha contra la minería ilegal en la Amazonía empieza a demandar una respuesta integral y articulada del Estado. En Loreto, la Marina de Guerra del Perú ha solicitado, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) establezca Zonas de Régimen Complementario, una medida que permitiría reforzar el control del combustible desde su salida de la refinería hasta su destino final.

La preocupación no se limita al combustible que ingresa por los ríos. El objetivo es conocer quién lo comercializa, quién lo transporta, quién lo recibe y cuál es su destino, evitando que termine abasteciendo actividades vinculadas con la minería ilegal. Para ello, se plantea la participación coordinada de instituciones como Aduanas, SUNAT y OSINERGMIN, además de las autoridades encargadas de la persecución del delito y la protección ambiental.

La posición de la Marina de Guerra surge luego de los reclamos expresados por representantes de comunidades indígenas de la cuenca del Tigre, quienes advirtieron que el control del transporte de combustible estaba afectando el abastecimiento de las poblaciones ribereñas. Frente a ello, la institución ha precisado que su intervención no busca perjudicar a las comunidades, sino impedir que el traslado informal de combustible se convierta en una vía de abastecimiento para organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

En las cuencas del Tigre y Nanay, las autoridades fluviales vienen interviniendo embarcaciones comerciales que transportan combustible en bidones, además de balones de gas y otros productos considerados peligrosos cuando son trasladados junto a pasajeros. La Marina de Guerra sostiene que estas operaciones representan un riesgo para la vida de las personas y también para los ecosistemas amazónicos, especialmente cuando se transportan combustibles fuera de los tanques autorizados y sin la documentación correspondiente.

Cuando durante una intervención se detectan irregularidades, la información es comunicada a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que determina las acciones correspondientes conforme a la legislación vigente. La institución ha insistido en que no se debe permitir que se normalice el traslado de combustible fuera de condiciones seguras, pues además del riesgo de accidentes existe un potencial impacto de contaminación sobre los ríos amazónicos.

El problema adquiere una dimensión mayor cuando se considera que parte del combustible trasladado aparentemente para atender las necesidades de comunidades o generadores eléctricos puede terminar desviándose hacia la minería ilegal. Por ello, desde la Marina se plantea que las municipalidades asuman también un papel activo, coordinando con sus poblaciones la contratación de embarcaciones adecuadas para transportar el combustible que realmente necesitan y garantizando que este llegue a su destino.

En la cuenca del Nanay, la Marina mantiene una unidad de control en el centro poblado de Santa María, desde donde se realizan intervenciones a las embarcaciones que transitan por la zona. Estas acciones también sirven como punto de partida para operativos contra las dragas utilizadas en actividades de extracción ilegal, especialmente en los sectores donde se concentra este tipo de maquinaria.

La institución ha advertido, además, que quienes buscan evadir los controles recurren a rutas alternativas, entre ellas caminos terrestres y los denominados “zacaritas”, con el propósito de adelantar el combustible y trasladarlo clandestinamente hacia centros de acopio. La existencia de posibles conexiones entre las cuencas del Tigre y Nanay explica, según la Marina, la necesidad de mantener vigilancia en ambas zonas.

Mientras tanto, algunas comunidades como Diamante Azul han expresado su preocupación por las dificultades para el ingreso del combustible y han planteado incluso medidas de control territorial sobre sus ríos. La respuesta, sin embargo, no debería ser enfrentar a las comunidades con las autoridades, sino construir mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento legítimo de las poblaciones y, al mismo tiempo, impedir que el combustible termine alimentando la minería ilegal.

La propuesta de establecer Zonas de Régimen Complementario en Loreto apunta precisamente a cerrar esas brechas. La experiencia de Madre de Dios es tomada como referencia por la Marina, debido a que un mayor control sobre la cadena de comercialización del combustible puede reducir el abastecimiento de las operaciones mineras ilegales. Para que una medida de este tipo funcione, será indispensable contar con presupuesto, personal especializado, logística y presencia permanente del Estado.

Pero la defensa de la Amazonía no puede recaer únicamente sobre una institución. El compromiso debe involucrar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, SUNAT, Aduanas, OSINERGMIN, los organismos supervisores y fiscalizadores, los gobiernos regionales, las municipalidades y las comunidades indígenas y ribereñas. Cada actor tiene una responsabilidad concreta en una cadena que debe impedir que los recursos destinados a las poblaciones terminen financiando actividades que destruyen los bosques y contaminan los ríos.

Controlar el combustible no significa cerrar el paso al desarrollo de los pueblos amazónicos; significa garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan y que no sea desviado hacia quienes destruyen la selva.

La defensa de la Amazonía será efectiva cuando el Estado y las comunidades trabajen juntos para garantizar que cada galón de combustible llegue a su destino legítimo y nunca termine financiando la destrucción de nuestros ríos y bosques.