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sábado, febrero 15, 2025
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Gobierno se lava las manos y les tira responsabilidad a municipios afectados por incendios

La declaratoria de emergencia de la vergüenza

Con la publicación del Decreto Supremo N° 097-2024-PCM, la presidenta Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de Amazonas, San Martín y Ucayali, afectados por incendios forestales. La medida, que se extiende por 60 días, busca atender los daños causados y ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la polémica se desató por las condiciones impuestas para el financiamiento de estas acciones.

Poblacion de Pachiza lucha contra incendios forestales que amenazan sus cultivos

Lejos de asumir el liderazgo en la respuesta ante los desastres, el gobierno central ha delegado la responsabilidad financiera a los gobiernos regionales y, principalmente, a los municipios locales. Según el decreto, los recursos del Tesoro Público no serán utilizados para atender la emergencia, dejando a los municipios –ya golpeados por recortes presupuestales– la tarea de asumir los gastos de rehabilitación y mitigación con sus propios fondos. Una medida que, para muchos, representa una abdicación del rol del Estado.

Resulta que en esta declaratoria donde comprende también las acciones a ejecutar, los bienes y servicios a ser entregados como donación y sobre todo el financiamiento, el gobierno de la presidenta Boluarte le deja en manos de los pliegos involucrados, es decir, todos los recursos propios del Tesoro Público que se debe utilizar en una declaratoria de emergencia, no se utilizarán; increíblemente todo tendrá que salir de los gobiernos regionales y sobre todo de las municipalidades cuyos territorios se han visto afectados por los incendios forestales.

En San Martín uno de los distritos más afectados, producto de los incendios forestales es Pachiza. Según datos otorgados por el municipio de ese distrito, han sido más de 260 hectáreas de zonas afectadas, 60 hectáreas de pastizales, 140 de sembríos de cacao y café y 60 de bosques, son resultado de voraces incendios que azotaron la zona por más de siete días, incluso algunos aún continúan, pero en menor proporción.

Para el alcalde de Pachiza esa decisión del gobierno nacional es totalmente desatinada al emitir una declaratoria de emergencia con el Decreto Supremo N° 097-2024-PCM, que en su artículo 4 habla de un trabajo articulado entre el gobierno nacional, ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, para los gastos que demanden o irroguen dichas acciones para hacer frente a los incendios forestales, debe ser asumidos o recargados al presupuesto institucional de los municipios afectados.

William Velásquez Carranza
William Velásquez Carranza

“Eso es lamentable, porque este año todos los municipios hemos tenido recorte presupuestal y cargarnos aún más situaciones como esta, nos complica. Sólo debemos agradecer a Dios, por mandarnos lluvias, eso ha hecho que muchos incendios se mitiguen, sino las cosas estarían peor. Después lo único que han develado estos incendios, es la incapacidad que tiene el Estado”, dijo en entrevista con este diario, William Velásquez Carranza alcalde del distrito de Pachiza.

Para el alcalde el Decreto Supremo N° 097-2024-PCM es un saludo a la bandera, el Estado es totalmente ineficiente, decimos mucho del cambio climático, de los problemas ambientales pero el Estado se hace el desentendido, como que no es importancia para ellos. “Es como decir, estoy de acuerdo atiendo tu pedido y te declaro en emergencia, pero no me pidas ni un sol. Cubre todo con tu plata”, manifestó

Una emergencia sin respaldo real

El Decreto Supremo N° 097-2024-PCM no solo refleja una ineficiencia en la respuesta del Estado frente a una emergencia ambiental, sino que pone de manifiesto una estrategia peligrosa: delegar responsabilidades a los municipios sin otorgarles los recursos necesarios. En un contexto donde los recortes presupuestales han afectado las capacidades de respuesta de los gobiernos locales, imponerles la carga financiera de una emergencia forestal es una muestra clara de desconexión entre el gobierno central y las realidades que enfrentan las regiones.

La decisión del gobierno de declarar un Estado de Emergencia que no va acompañado de un respaldo económico desde el Tesoro Público es, en el mejor de los casos, un ejercicio simbólico y, en el peor, una omisión grave. Mientras los incendios continúan y las consecuencias ambientales y económicas se agravan, los municipios afectados, como Pachiza, se ven forzados a enfrentar un desastre con recursos mínimos. Esta falta de apoyo pone en riesgo no solo la recuperación de las áreas afectadas, sino también la confianza en las instituciones del Estado.

Lo que se necesita es un enfoque integral, donde el gobierno central asuma su responsabilidad y proporcione los recursos adecuados para mitigar los incendios y rehabilitar las zonas afectadas. La crisis climática no es un problema local, es un desafío nacional, y responder con parches y discursos vacíos solo profundiza la vulnerabilidad de las comunidades. Mientras tanto, la naturaleza sigue siendo destruida, esperando una respuesta que, al parecer, no llegará desde Lima. (César Gonzaga)

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