La ONG detalló que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y la Policía Nacional contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta del Perú.
Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República entre diciembre del 2022 a febrero de este año. En el documento, al que Infobae tuvo acceso, se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.
La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), hizo referencia también a un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que, de las muertes ocurridas en las marchas contra las altas autoridades, al menos 49 se dieron por la represión militar y policial. En esta cifra, 39 víctimas presentaron que habían sufrido impactos de balas de las fuerzas del orden.
“En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch”, se lee en el documento.
HRW señala que los peruanos que fueron asesinados, al menos 15, no participaban directamente de las protestas porque eran transeúntes. Además, agrega que tres eran observadores internacionales y otros tres estaban en los lugares de enfrentamiento para ayudar a los heridos que, por cierto, resultaron ser 125, de acuerdo a datos que el Ministerio de Salud.
La organización internacional que defiende los derechos humanos menciona que revisó al menos 34 autopsias de fallecidos para determinar qué zonas habían recibido los disparos. Así, señalan que 14 víctimas registraban orificios de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda.
Responsabilidades
De otro lado, el informe de Human Rights Watch señala también que existe responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte para que se haya permitido la represión militar y policial en las protestas sociales que abarcaron a Lima y regiones del sur como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna.