Infraestructura inconclusa condena a miles de familias a la escasez y al olvido

La paralización de proyectos clave de agua potable y alcantarillado en la región amazónica de San Martín – como el sistema de Juninguillo en Moyobamba, las obras de saneamiento en Tocache y la operación del PTAR en Nueva Cajamarca – retrasa drásticamente la cobertura básica en comunidades urbanas y rurales, dejando infraestructura a medio construir sin poder prestar un servicio vital.

La problemática del acceso al agua en el Perú encuentra uno de sus capítulos más críticos en la Amazonía, donde la falta de gestión técnica y financiera condena a miles de familias a convivir con servicios deficientes o inexistentes.

Como advierte Maylith Coronel, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), el país padece una brecha estructural impulsada por la expansión de la vivienda informal, la mala gestión de las entidades prestadoras de servicio (EPS) y la paralización sistemática de proyectos de inversión pública. A nivel nacional, la parálisis alcanza a un 69% de las obras de saneamiento – lo que representa más de 7 mil obras varadas -, una realidad que contrasta de manera dramática con países como Chile y Uruguay, donde más del 90% de la población cuenta con agua de red pública de forma continua las 24 horas del día. En el Perú, la ineficiencia operativa de las EPS es alarmante: 38 de las 50 empresas del país enfrentan severas crisis financieras y no facturan más del 30%del agua que producen debido afugas por tuberías obsoletas y conexiones clandestinas, una situación que empeora con el impacto de eventos climáticos como El Niño.

En la región San Martín, esta crisis no es una cifra abstracta, sino una realidad cotidiana visibilizada en proyectos emblemáticos que sufren retrasos crónicos o paralizaciones absolutas. En Moyobamba, el proyecto de agua potable y la captación de Juninguillo – un megaproyecto valorizado en más de S/ 43 millones a cargo del Proyecto Especial Alto Mayo – ha enfrentado severas trabas de ejecución, marchando a ritmo lento y llegando a la paralización en perjuicio de miles de usuarios que demandan un suministro continuo.

Una situación similar aqueja a Tocache, donde la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado ha atravesado prolongadas suspensiones y desacuerdos contractuales con los consorcios ejecutores, dejando a los vecinos del sur regional a la espera de un servicio integral. Por su parte, en el distrito de Nueva Cajamarca (provincia de Rioja), el ansiado proyecto de saneamiento y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) —presupuestado en más de S/ 222 millones a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)— arrastra problemas prolongados para su puesta en operaciones, se sabe que en este caso es un tema de tarifas que la misma población no asume, al considerar costos elevados, ¿Entonces porque se realizó tamaña inversión?  Mientras el 61.7% de las viviendas urbanas en el país son informales y los presupuestos públicos no logran traducirse en obras culminadas, la brecha de saneamiento en la selva peruana continúa profundizándose.

Acceder a agua limpia y a un sistema de alcantarillado digno no es un lujo ni una promesa electoral postergable, sino un derecho humano indispensable para la salud pública y el desarrollo. Superar el letargo en la ejecución de infraestructuras como Juninguillo, Tocache y la PTAR de Nueva Cajamarca exige fiscalización técnica rigurosa, transparencia administrativa y la firme determinación de no permitir que los recursos de todos los peruanos queden convertidos en monumentos al abandono

Garantizar que cada hogar peruano abra el caño y reciba agua potable requiere dejar atrás la desidia administrativa y ejecutar de forma transparente y eficiente cada sol invertido, pues dejar obras abandonadas equivale a dejar a la población a la deriva frente a la pobreza y la enfermedad.