Reflexionar sobre el avance de la minería ilegal no es solo mirar cifras macroeconómicas; es testificar la silenciosa captura de los territorios y el colapso institucional frente a la fiebre del oro.

La exportación de oro de origen ilegal continúa expandiéndose de manera alarmante en el territorio nacional. Al primer semestre de 2026, este sector ilícito creció un 19.4%, mientras que la extracción formal y legal cayó un 5.9%. Como resultado directo de esta cruda divergencia, en esta primera mitad del año, la exportación ilegal ya superó a la legal en 8.7 toneladas, representando el 54% del volumen total de oro exportado por el Perú.

Para el cierre del presente año, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzará al menos 110 toneladas y podría superar las 120 toneladas. Este volumen colosal representará entre el 52% y el 55% del total de oro exportado por el país, evidenciando un punto de quiebre histórico donde lo marginal se ha vuelto hegemónico.

Detrás de esta expansión operan los elevados precios internacionales y la evidente incapacidad del Estado para combatir la minería ilegal. En lo que va del 2026, el metal precioso registró un precio promedio histórico de US$ 4,500 por onza, lo que representa un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando promedió cerca de US$ 3,125 por onza. Ante este escenario, JP Morgan proyecta que el promedio anual escalaría hasta los US$ 4,545, duplicando los registros de los últimos cinco años.

En este contexto de bonanza desregulada, el valor exportado de oro de origen ilegal alcanzará al menos los US$ 16 mil millones y podría sobrepasar los US$ 18 mil millones al cierre de 2026. Esta cifra es, como mínimo, casi 9 veces más que lo registrado hace una década y supera en un 39% al valor del año 2025 (US$ 11,500 millones). Así, la minería ilegal se consolida firmemente como la economía ilícita que más dinero genera en el país, duplicando con holgura el tamaño del resto de actividades delictivas juntas.

Gran parte de esta proliferación ocurre bajo el amparo legal del Reinfo. Desde la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2016, apenas el 2% de sus inscritos ha culminado el proceso de formalización. Pese a que el registro ya acumula cinco prórrogas, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no descarta extender nuevamente su vigencia más allá de diciembre de 2026. Al eximir a los inscritos de toda responsabilidad penal, el Reinfo ha facilitado sistemáticamente el avance de la minería depredadora sobre zonas altamente restringidas, tales como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y valiosas zonas arqueológicas.

El impacto destructivo de esta economía no solo devasta la biodiversidad, sino que golpea duramente las operaciones mineras formales y los futuros motores de inversión del país. Operaciones consolidadas como Poderosa en La Libertad y Las Bambas en Apurímac sufren constantes embates, al igual que los territorios destinados a proyectos estratégicos de gran envergadura como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. El IPE estima que se encuentran en grave riesgo proyectos que agrupan inversiones superiores a los US$ 12 mil millones.

Enfrentar esta crisis exige una estrategia frontal, un liderazgo claro y una acción sostenida por parte del Ejecutivo y el Estado en su conjunto. Esto requiere cerrar definitivamente el Reinfo y recuperar la presencia efectiva de la autoridad en los territorios afectados. Asimismo, urge implementar una estrategia integral que combine procesos de formalización con plazos creíbles, una trazabilidad robusta del mineral, fiscalización permanente y una decidida cooperación transfronteriza.

En esa dirección, el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas para actualizar las normas sobre formalización y trazabilidad minera, simplificar procedimientos administrativos y brindar asistencia técnica orientada al desarrollo de proveedores y encadenamientos productivos formales. En paralelo, se ha anunciado la presentación de una nueva Ley MAPE.

Estamos advertidos: permitir que la ilegalidad supere a la legalidad marca un punto de no retorno institucional. La democracia y la soberanía económica no pueden seguir cediendo terreno ante el oro de la impunidad.