La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) realizó un informe que analiza el papel de las empresas en esos casos. El documento revela que un total de 1.431 responsables legales de diferentes empresas actualmente son investigados por delitos de corrupción en todo el Perú.
La lista reúne todos los procesos en curso que acompaña la Procuraduría anticorrupción y se encuentran en diferentes etapas fiscales y judiciales. El informe mantiene en reserva la identidad de los investigados, pero identifica 359 casos en etapa de diligencias preliminares, 457 en investigación formalizada, 400 en etapa intermedia y 148 en juicio oral.
En varios de estos casos, además del representante legal, la empresa también podría tener la calidad de imputado o de tercero civil responsable. La Procuraduría señala que el objetivo es “reducir los espacios de impunidad por el lado empresarial y, de otro lado, asegurar el futuro pago de las reparaciones civiles a favor del Estado”.
Los delitos más comunes en las investigaciones en curso son: colusión, negociación incompatible y peculado. Las regiones con más casos de corrupción en el sector empresarial son: Áncash (258), Junín (196) y Lima (160).
El informe señala que, además de los 1.431 casos en curso, existen otros 16 procesos en los que se incluyó a la empresa como imputada. En este último grupo se encuentra la Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú, investigada por el delito de lavado de activos. Además, los sectores comprometidos en estos 16 casos fueron: construcción (5), transporte (4), servicios generales (3), combustible(2), entre otros.
Según el documento, hay cinco casos con sentencia firme en donde una o varias empresas fueron condenadas como tercero civil responsable. Estos involucran a 12 compañías que deben pagar S/90 millones a favor del Estado por reparación civil. Más del 75% corresponde Odebrecht.