La corrupción genera pérdidas como debilidad institucional. En 2023, se identificaron 17,858 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que involucraron a 9,338 funcionarios y servidores públicos
Los Gobiernos locales tuvieron los menores porcentaje de ejecución en los últimos 5 años. Su ejecución anual no supera un 75% de su presupuesto total.
El presupuesto público proyectado para 2025 ascenderá a S/251,801 millones, lo que representa un aumento del 4.6% con respecto al presupuesto de 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los Gobiernos locales recibirán un 8% más, mientras que los regionales obtendrán un 3.2% adicional. De esta manera, los Gobiernos subnacionales administrarían un 36.5% del presupuesto público total del próximo año.
Entre 2020 y 2022, el presupuesto de los Gobiernos locales se incrementó constantemente: un 19.9% más en 2020, un 5.3% más en 2021 y un 17.5% más en 2022. Sin embargo, su ejecución anual se mantuvo por debajo del 73% entre 2018 y 2023, según las cifras del MEF. Esto los colocó como el nivel de gobierno con menor ejecución presupuestal en los últimos seis años.
Esta menor ejecución también se observa en sectores importantes como saneamiento, educación y salud. En salud, el presupuesto aumentó un 56.6% más en 2020, un 42.2% más en 2021 y un 40.8% más en 2022, pero solo se ejecutó anualmente menos del 70% entre 2019 y 2023. En contraste, el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales ejecutaron más del 85% de su presupuesto anual durante el mismo período, según el MEF.
En saneamiento, el presupuesto se incrementó un 2.4% en 2019, un 11.8% en 2021 y un 2.7% en 2022. Entre 2020 y 2023, la ejecución del presupuesto en este sector por los Gobiernos locales fue inferior a la del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, quienes mantuvieron una ejecución anual superior al 62%, según cifras del MEF. Este reducido porcentaje de ejecución sería una de las razones detrás de los bajos niveles de acceso a agua de calidad por red pública (ver Semanario 1220).
En educación, el presupuesto anual aumentó más del 10% entre 2019 y 2022. A pesar de contar con más recursos, la ejecución presupuestal anual se mantuvo por debajo del 70%. En cambio, el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales ejecutaron más del 80% de sus presupuestos anuales entre 2018 y 2023, según el MEF.
A partir de los datos presentados, se evidencia que los Gobiernos locales son los que menos ejecutan su presupuesto año tras año. Esto implicaría que se estaría asignando una mayor proporción de recursos a aquellos que presentan menor actividad y ejecución de proyectos.
Para comprender los desafíos en la gestión de los recursos públicos, es crucial mirar más allá de los números y analizar las capacidades internas de los Gobiernos y los factores que moldean su desempeño.
Una de las limitaciones para el desarrollo de la inversión pública es la falta de capacidades de los funcionarios. En 2023, un 74.5% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos, lo que representó un aumento de 17.9 puntos porcentuales (pp.) en comparación con 2019. A su vez, un 70.8% de las municipalidades necesitaban formación en administración tributaria, lo que significó un incremento de 17.1 pp. respecto a 2019. También, se observa que un 67.7% requería de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos. Esto significó un aumento del 24.5 pp. en comparación con 2019, según el informe de Indicadores de Gestión Municipal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Otra de las restricciones importantes es la corrupción, la cual genera tanto pérdidas económicas como debilidad institucional. En 2023, se identificaron 17,858 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que involucraron a 9,338 funcionarios y servidores públicos. El Gobierno local concentró un 39.1% de estas presuntas responsabilidades, seguido por el Gobierno nacional, con un 36.9%, y el Gobierno regional, con un 24%. A su vez, el Gobierno local tuvo el mayor número de funcionarios involucrados. En 2023, hubo 3,677 funcionarios del Gobierno local con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal, frente a los 3,611 del Gobierno nacional y los 2,121 del Gobierno regional, según el informe ejecutivo de gestión de la Contraloría General de la República del Perú.
La gestión eficiente del presupuesto público no depende únicamente de la asignación de más recursos, sino de la capacidad de las instituciones para administrarlos de manera efectiva y transparente. Aunque el aumento de los fondos puede parecer una solución para mejorar la infraestructura y los servicios públicos, la realidad es que, sin una sólida capacidad administrativa y un compromiso claro con la buena gobernanza, estos recursos pueden quedar subutilizados o, peor aún, mal gestionados.
La falta de habilidades técnicas y los problemas de corrupción son barreras significativas que deben ser abordadas para lograr una administración pública que no solo maneje grandes sumas de dinero, sino que también genere un impacto real y positivo en la sociedad. Esto sugiere la necesidad de reformas profundas en los procesos de capacitación, supervisión y control dentro de los Gobiernos locales, así como un enfoque más riguroso en la rendición de cuentas y la transparencia.