La propuesta busca evitar que el calendario rígido genere retrasos en la contratación de medios y plataformas digitales para la propaganda electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) propone modificar el numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios para flexibilizar el inicio de la franja electoral en una eventual segunda vuelta presidencial o regional, debido al reducido tiempo disponible para completar los procedimientos administrativos.

La normativa vigente establece que la franja debe transmitirse desde 15 días calendario antes de la elección hasta 2 días antes de los comicios. La propuesta mantiene el límite de cierre, pero permitiría que la Jefatura Nacional de la ONPE determine mediante resolución la fecha de inicio, considerando la proclamación de los cómputos oficiales y las características de cada proceso.

El problema surge porque la Constitución, en su artículo 111, y la Ley N.° 27683 establecen que la segunda elección debe realizarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Solo después de esa proclamación se conoce con certeza qué organizaciones políticas participarán, requisito necesario para activar procesos como la selección de espacios en CLARIDAD y la elaboración del plan de medios.

La ONPE advierte así un “cuello de botella operativo”: dentro de esos 30 días, la normativa reserva 13 días para la transmisión de la franja, reduciendo el margen para ejecutar la contratación pública. A ello se suman procedimientos administrativos que pueden incluir plazos de hasta 4 días hábiles para la presentación de documentos por parte del postor adjudicado.

El riesgo, según el planteamiento, es que los tiempos resulten insuficientes para completar adecuadamente la contratación de medios de comunicación y plataformas digitales, afectando la implementación oportuna de la franja electoral.

Con el cambio propuesto, la ONPE busca que el calendario de transmisión se adapte a los tiempos reales de una segunda vuelta, sin ampliar el período final de propaganda. La difusión deberá concluir, igualmente, hasta 2 días calendario antes de la votación. El objetivo es evitar que una regla rígida termine convirtiéndose en un obstáculo para garantizar el acceso de las organizaciones políticas a los espacios de comunicación electoral.