Tras cuatro décadas, sentencian a exagente del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, en 1984.
40 años después y al término del juicio oral contra exmiembros del Ejército peruano y de la Marina de Guerra del Perú, acusados por el asesinato y la desaparición de 70 personas en Huanta, Ayacucho, en 1984, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dictó 18 años de cárcel para Alberto Rivero Valdeavellano por asesinato de periodista Jaime Ayala Sulca y otros.
El colegiado integrado por Miluska Cano, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, también se pronunció sobre el pedido del exmarino Augusto Gabilondo García del Barco. García presentó un recurso para acogerse a la ley de impunidad con el propósito de eludir su responsabilidad por la desaparición forzada de más de 60 personas, cuando era jefe de una sede militar en la región Ayacucho. Su caso ha sido declarado reservado. Actualmente radica en España y se está a la espera de que sea extraditado.
El caso Huanta juzga el asesinato de 6 evangélicos de Callqui, el hallazgo de 50 cuerpos ejecutados extrajudicialmente en las fosas de Pucayacu, la detención y desaparición de pobladores de la comunidad de Culluchaca y la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca.
El 16 de diciembre de 2011, el Primer Juzgado Penal Supraprovincial, acogiendo los argumentos de la Fiscalía de Ayacucho, dispuso abrir proceso penal contra Adrián Huamán Centeno, Jefe Político Militar de Ayacucho, Alberto Rivera Valdeavellano, Jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar y, Augusto Gabilondo García del Barco, Jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta, como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de 57 personas y la desaparición forzada de otras 13 personas. Huamán Centeno falleció, por lo que el proceso penal continuó contra los otros dos acusados.
Tras una larga espera, las y los familiares de las víctimas aguardaron con esperanza a que prevalezca el derecho a la justicia y la verdad, y que la sentencia sancione a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el período del conflicto armado interno. Finalmente, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) como organismo que vela por la promoción y la defensa de los derechos humanos, reafirma su compromiso de acompañar y respaldar a las víctimas y sus deudos en el acceso a sus derechos fundamentales que les fueron vulnerados por agentes del Estado.
DATOS:
- En el contexto del conflicto armado interno, se declaró el Estado de Emergencia en las provincias ayacuchanas de Víctor Fajardo, Vilcashuamán, Huanta y San Miguel, quedando bajo el control de las Fuerzas Armadas, instaurándose un Comando Político Militar en Ayacucho. En Huanta, fue la Marina de Guerra quien ejerció dicho control, estando su cuartel en el Estadio Municipal. Desde ahí, se emitían las órdenes para realizar las acciones de lucha contrasubversiva. Entre los meses de julio y agosto de 1984 se produjeron detenciones arbitrarias, incursiones a domicilios y comunidades aledañas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, produciéndose denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en agravio de la población.
- A raíz del accionar de infantes de la Marina de Guerra, a la fecha se desconoce el paradero de las siguientes víctimas: Rigoberto Tenorio Roca, Juan Ramírez Hurtado, Juan Medina Garay, Yuri Agama Anaya, Santiago Loayza Cahuana, Teófilo Munarriz Velásquez, Cirilo Barboza Sánchez, Gerardo Gonzales Guzmán, Víctor Venancio Rivas Ventura Roca, Graciela López Medina, Jaime Ayala Sulca y Crista Rubila Fernández Hernando,
- El 1 de agosto de 1984, miembros de la Marina ingresaron a la Iglesia Presbiteriana de Callqui, en Huanta, para secuestrar y asesinar a 6 jóvenes. Entre el 9 al 13 de agosto se produjo la detención y posterior desaparición de aproximadamente 42 personas en la comunidad de Culluchaca, anexo de Huanta, así como en las localidades aledañas.
- El 22 de agosto de 1984, se descubrieron cuatro fosas comunes en Pucayacu, distrito de Marcas de la provincia de Acobamba. Se hallaron 50 restos humanos, vendados, desnudos, con signos de tortura, sin ningún accesorio que permitiera su identificación y en avanzado estado de descomposición. Como resultado de las necropsias se determinó que la causa de muerte fue por proyectil de arma de fuego.
- Desde la Asociación Nacional de Periodistas, saludaron la decisión del Juez, sin embargo, manifestaron que la verdadera justicia se dará cuando se encuentre el cuerpo del periodista asesinado el año 1984.