Los cinco jóvenes, vinculados al denominado caso “Barristas”, serán trasladados al establecimiento penitenciario Santo Toribio de Mogrovejo de Tarapoto mientras continúan las investigaciones.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Martín declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por nueve meses contra cinco jóvenes investigados por la presunta comisión del delito de disturbios, en el marco del denominado caso “Barristas”.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 04, emitida el 11 de agosto de 2026, luego de evaluar el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Los investigados fueron detenidos durante el último fin de semana en Tarapoto y permanecerán privados de su libertad mientras se desarrollan las investigaciones.
Los investigados son Gian Carlo García Fasabi, Rolin Samyer Rodríguez Córdova, Piero Tapullima Sangama, Suker Panaifo Isuiza y Ángel Jesús Rojas, quienes deberán ser trasladados al establecimiento penitenciario Santo Toribio de Mogrovejo de Tarapoto para cumplir la medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial.
Según el documento judicial, la investigación comprende la presunta comisión del delito de disturbios, previsto en el artículo 315 del Código Penal, en concurso ideal con el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en su modalidad agravada, contemplado en el artículo 366 del Código Penal.
Como agraviados figuran la Municipalidad Provincial de San Martín y el Estado, dentro del expediente N.° 01797-2026-78-2208-JR-PE-03.
La disposición judicial consta en el Oficio N.° 001111-2026-3JIP (Exp. N.° 001797-2026-78-2208-JR-PE-03)-brc, emitido en Tarapoto y dirigido a Rafael Domínguez Estrada, jefe de la DEPINCRI-UNIFLA-T.
El mandato establece que la autoridad policial deberá ejecutar el traslado de los cinco investigados al establecimiento penitenciario correspondiente, en cumplimiento de la prisión preventiva ordenada por el órgano jurisdiccional.
La medida tiene carácter cautelar y no constituye una sentencia, por lo que los investigados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad. Las investigaciones continúan.
