Por: Vanessa Vela Del Águila – Fiscal Provincial de la FEMA Alto Amazonas Yurimaguas
La protección del medio ambiente ha adquirido una relevancia jurídica sin precedentes en el Perú, especialmente en regiones con alta biodiversidad como la Amazonía. La creación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Alto Amazonas, Yurimaguas, en 2010, representa un hito en la lucha contra los delitos ecológicos. Sin embargo, para que esta labor sea efectiva, se requiere el respaldo tanto del Estado como de la ciudadanía.
Contexto histórico y legal
La provincia de Alto Amazonas, ha mantenido una relación estrecha con su entorno natural. Durante décadas, actividades como la tala y quema de bosques formaron parte de la vida cotidiana sin ser consideradas ilícitas. No obstante, con la modernización de la legislación penal peruana, estas prácticas han pasado a formar parte del catálogo de delitos ambientales.
En 1982, con la creación de la primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, se empezó a atender la problemática ambiental. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2000 que se registró la primera denuncia ambiental en la región, relacionada con la deforestación por parte de la empresa Pluspetrol. Posteriormente, en 2008, el Ministerio Público creó las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) para perseguir los delitos ecológicos, y en 2010 se estableció la sede de Alto Amazonas.
Importancia de la Fiscalía Ambiental
El trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Alto Amazonas ha sido fundamental para el desarrollo de una conciencia ecológica en la población. Los delitos ambientales, como la tala ilegal (artículo 310 del Código Penal), el tráfico de especies silvestres (artículo 308) y el tráfico ilegal de productos forestales (artículo 310-A), han pasado de ser prácticas cotidianas a actos sancionables por la ley.
A pesar de estos avances, el tráfico de fauna silvestre sigue siendo un problema crítico. Para fortalecer la lucha contra estos delitos, es necesario que instituciones como el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas colaboren activamente con el Ministerio Público.
El papel de la ciudadanía y el Estado
El éxito de la protección ambiental no solo depende de las autoridades, sino también del compromiso de la ciudadanía. La concientización sobre la importancia de conservar los bosques y la fauna es clave para reducir la incidencia de delitos ecológicos.
El Estado, por su parte, debe garantizar los recursos necesarios para el fortalecimiento de la Fiscalía Ambiental, proporcionando logística adecuada y promoviendo campañas de educación ambiental. Solo con un trabajo conjunto entre autoridades y población se podrá lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente en la Amazonía peruana.
La creación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas ha sido un paso fundamental en la protección de los recursos naturales. Sin embargo, su éxito depende de la participación activa del Estado y la sociedad. Es imperativo fortalecer las instituciones encargadas de la protección ambiental y fomentar una cultura de respeto por la naturaleza para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.