Proteger la Amazonía no es un debate ideológico de izquierdas o derechas, sino una urgencia vital e ineludible para garantizar el agua, la salud y la supervivencia de las próximas generaciones.
Por: Beto Cabrera Marina
Trabajemos para mejorar. Lo que se hizo y se intenta hacer se debe perfeccionar; hagámoslo despojados de todo interés subpartidario y trabajemos por el bien común.
Cuando la retórica política intenta transformar una crisis ambiental en una trinchera ideológica, la cruda realidad del territorio desmonta el discurso. Las declaraciones del congresista por San Martín, Arturo Alegría, asegurando que la protección ambiental se ha «ideologizado» y que las políticas «no han servido para nada», no solo simplifican de forma irresponsable un problema sumamente técnico, sino que traicionan el doloroso registro histórico de la región que representa.
Los efectos del cambio climático no entienden de sesgos políticos. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), la alteración de las lluvias y las temperaturas extremas obedecen a leyes físicas y atmosféricas. En San Martín, esto se traduce en crisis hídricas, sequías en cabeceras de cuenca y la ruina de los ciclos agrícolas que golpean directamente a los productores de café y cacao. Pretender que la lucha climática es un asunto partidario es ignorar que la naturaleza no responde a banderas, sino al impacto directo de la depredación humana.
Decretar el fracaso total de las políticas ambientales ignora los datos objetivos. La plataforma GEOBOSQUES del Ministerio del Ambiente (MINAM) registra una pérdida acumulada superior a 1.3 millones de hectáreas de bosque en San Martín, situándola como una de las regiones más devastadas por la agricultura itinerante y el cambio de uso de suelo. Sin embargo, el fallo no está en la conservación, sino en el sistemático debilitamiento del control y la fiscalización del Estado. En contraste, donde el Estado y la comunidad imponen autoridad —como en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, que protege 150,000 hectáreas— los ecosistemas que abastecen de agua a Tarapoto y sus distritos logran mantenerse en pie.
En cuanto a la premisa de que la titulación individual es la «única solución» contra la tala, el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) advierte rotundamente lo contrario: titular sin planes de manejo ni asistencia técnica legaliza el tráfico de tierras y estimula la deforestación previa para simular posesión agrícola.
Pero lo más alarmante es calificar la conservación como una «moda». Es una falta de respeto inaceptable a organizaciones como COICA y Global Witness, y a la memoria de los defensores ambientales asesinados por mafias madereras y traficantes de tierras: Quinto Inuma (2023), Emilio Marichi Huansi (2022), Benjamín Flores Ríos (2023), Mariano Isacama Feliciano (2024) y Santiago Camilo Contoricón Antúnez (2023). Ninguno de ellos murió por una bandera política;dieron la vida por la tierra y el agua de sus comunidades.
Como advierten el IIAP, el CIFOR, SUNASS y DIGESA, los bosques protegidos como la Cordillera Escalera y el Bosque de Protección Alto Mayo son la infraestructura natural que evita el colapso hídrico y sanitario de la región San Martín, estudios científicos, investigaciones de instituciones de respeto en el mundo, así califican estos espacios señor diputado. La protección ambiental no es un lujo ni una ideología: es una obligación constitucional, científica y moral.
Los bosques de San Martín no son fichas de negociación política ni modas de escritorio; son el escudo vital de nuestra población. Gobernar la Amazonía exige rigor científico, autoridad respeto a la ley y la vida: el futuro no absolverá a quienes prefirieron el cálculo político por encima de la supervivencia de nuestra región.
