Las mafias ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas.
Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 30 años, en la selva quedará sólo de muestra el tronco de un árbol.
Por: Beto Cabrera Marina.
Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto. Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.
No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali. A cuatro años de este crimen, la justicia peruana no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.
Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 mil millones de dólares y pueden representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo.
Los papeles falsos de la selva
El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en todos los países amazónicos. Los documentos oficiales -que no cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana.
Las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizada, cuando en realidad fueron extraídas de áreas naturales protegidas o tierras indígenas.
Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas. Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5 mil camiones.
Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, para desde allí se envía a EEUU. Existe documentación que revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas de la Selva Peruana.
