“Mi padre es puneño y mi mamá moyobambina. Mi padre fue policía, fue destacado a Moyobamba y fue ahí donde conoció a mi mamá. Esta mezcla me ha permitido comprender mejor las visiones amazónicas y altoandinas, sobre todo, me ha permitido crecer dentro de la cultura sanmartinense”
Entrevista: Beto Cabrera Marina
VOCES conversó con Alexandra Ames Brachowicz Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el siguiente diálogo resumimos un tema de amplio debate y análisis sobre el conflicto social en el país y la ruta que ha trazado su gestión.
Como Secretaria Nacional de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros ¿Cómo evalúa la conflictividad en nuestro país?
En los actuales momentos, sobre todo luego del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 la conflictividad ha tomado un carácter multidimensional: social, política, cultural, económica, socioambiental y territorial. En enero de este año, en la Secretaría, hemos registrado 133 casos, los cuales han sido atendidos incidiendo en las entidades del Ejecutivo involucradas y coordinando con diferentes actores políticos, sociales, económicos y culturales de cada región, hemos generado acuerdos y consensos que se han evidenciado en 36 actas suscritas que reflejan los compromisos asumidos como parte de la gestión efectiva de la conflictividad social.
¿Cuáles son las políticas de prevención y gestión de la conflictividad que se implementa desde su despacho?
La Prevención es la estrategia central en el trabajo. Asumimos que la prevención de conflictos sociales es el proceso a través del cual la secretaría interviene ante el surgimiento de problemas como manifestaciones previas al conflicto social, frente a lo cual implementamos mecanismos de alerta temprana, articulando estrategias de intervención que priorice el diálogo.
En el mes de enero 2024, los gestores territoriales elevaron reportes diarios de los casos en nivel de riesgo críticos, que contempla: Alertas y situación de conflictividad en cada región, afectaciones, proyecciones y tratamiento de la conflictividad. En el mismo mes es atendió un total de 54 casos de conflictividad social de un total de 133 activos. Siendo 6 casos escalaron a un nivel de riesgo inminente y 3 fueron casos críticos; mientras 45 casos registraron un nivel de riesgo bajo e intermedio. Estos casos por lo regular cuentan con espacios de diálogo que requieren la conducción y facilitación de parte de los equipos de la secretaría y el seguimiento para el cumplimiento de los compromisos suscritos en cada una de las actas aprobadas.
En su opinión ¿Cuáles son los logros de este año de gestión al frente de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo?
Creemos que el diálogo multiactor debe ser una estrategia permanente en el territorio y el ingrediente principal para la gobernanza. Ver al diálogo como una respuesta reactiva solo después de una crisis, puede ser más costoso para el desarrollo y gobernabilidad del país porque el restablecimiento de la confianza se hace más complejo.
Un punto importante a resaltar de la conflictividad social, es que muchas veces se llega a estos extremos porque no se cumplen los compromisos de las mesas de diálogo. Cuando llegué, no se hacía seguimiento al nivel de compromisos cumplidos. Hoy no sólo monitoreamos ese registro, sino que nos hemos puesto la meta de cerrar dichos compromisos abiertos. Tal es así que, durante el 2023, hemos logrado cerrar más del 40% de compromisos abiertos y hoy nos concentramos en ya no generar más y más compromisos, sino que, estamos abocados en cerrar lo que hay.
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo ha tenido presencia en la región San Martín ¿Cómo evalúa el trabajo de gestión desconcentrada? ¿Qué se está haciendo por las invasiones en Shimpiyacu y el Bosque de Protección Alto Mayo?
Desde la Secretaría hemos designado a un experto, responsable de la gestión territorial cuyo trabajo se viene evaluando en forma permanente. La experiencia de San Martín nos ayuda en la construcción de políticas que serán implementadas en las demás regiones del país.
La experiencia del trabajo en la región San Martín nos deja muchas lecciones: como la importancia de la articulación multinivel, en este caso con el Gobierno Regional y las Municipalidades más dinámicas de la región, la buena relación con los líderes de las principales organizaciones sociales de San Martín y la coordinación eficiente y eficaz con los principales sectores del Poder Ejecutivo involucrado en la problemática de la región. Nuestro comisionado en San Martín no solo facilita mesas de diálogo, sino que es una pieza clave para la articulación multiactor y multinivel, generando confianza en el territorio.
El trabajo preventivo no se ve porque es un trabajo silencioso, pero se evidencia con la ausencia de escalamiento a situaciones de crisis en San Martín.
La problemática de invasiones como es el caso de la Comunidad Nativa de Shimpiyacu (Moyobamba) es uno de los numerosos casos de invasión en San Martín. Esta comunidad vive desde hace más de 20 años un conflicto de ocupación ilegal de sus tierras por parte de colonos migrantes. La salida legal que se ha dado es la judicialización del caso, para que el Poder Judicial, resuelva la problemática en forma definitiva. Se han buscado mecanismos para una salida pacífica y ordenada, ofreciendo a los colonos un proceso de reubicación que no fue aceptado, luego de firmarse las actas de compromisos.
En lo referente al Bosque de Protección Alto Mayo-BPAM, hay que precisar que, desde su establecimiento el 23 de Julio de 1987, es considerado Patrimonio de la Nación al brindar servicios ecosistémicos como el abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola e industrial a más de medio millón de habitantes del Valle del Alto Mayo y Bajo Mayo en San Martín. Al interior del BPAM, en el sector Norte, nace el río Mayo de la confluencia de los ríos Delta y Yanayacu, y desemboca en el río Huallaga. La recuperación extrajudicial del territorio del BPAM es una tarea pendiente que el Ejecutivo tiene en agenda para el presente año 2024. Se requiere la participación intersectorial del Ejecutivo: Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el SERNANP y la PCM a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.