Recuerdo una de las primeras noticias con las que iniciamos el año y era un caso de discriminación que nos llegaba desde Tacna. Ahí, un sujeto que afirmaba ser “el dueño de la playa” agredió e insultó a una familia cuyo único pecado fue el querer pasar un día de esparcimiento en un espacio público como es una playa. En algunos distritos de la capital, vimos como los serenos quitaban con violencia la mercadería a una humilde vendedora ambulante. En Miraflores, el alcalde mandó a sacar todas las bancas de la Avenida Larco y sus fiscalizadores municipales “invitaban” a una señora, de rasgos andinos, a retirarse del Parque Kennedy por el único hecho de estar sentada en una banca dando de comer a su menor hijo. Y así, algunos casos más de personas que, practicando alguna actividad recreativa, como el yoga, vieron alterada su rutina por unos serenos que más que apoyar en luchar contra la inseguridad en sus distritos, parecen estar en una lucha contra la felicidad, y la libertad, de las personas.
Aquí en Morales no nos quedamos atrás, cuando un policía retirado, y su fiel ayayero, quieren expulsar a todos los muchachos de los parques del Fonavi arguyendo que son “fumones”. Nunca se le ha conocido una acción heroica en su labor policial y por lo único que se le conoce es por atemorizar cobardemente a los jóvenes que quieren distraerse en un parque, tal cual lo hacíamos nosotros en nuestra juventud.
Algunos dirán que, los casos descritos, son eventos aislados y que el común de las personas tiene asegurado el acceso libre a estos sitios. Puede ser, pero el sentido común nos dice que ni siquiera aisladamente deberían ocurrir. Es una afrenta a todos como peruanos. Los espacios públicos como los parques (o el gran bosque urbano que aún está en sueños), son un derecho fundamental de todas las personas. Son lugares en donde se construye ciudadanía y en el que las personas pueden ventilar sus emociones, sus afectos y sus diferencias sin caer en la barbarie de las redes sociales.
Así mismo, en Lima hay sectores totalmente enrejados, imposibilitando el libre tránsito de vehículos y personas. Algún despistado dirá que es justo y necesario debido a la delincuencia que arrecia en la capital. Pero esa es función del Estado y la policía, y ninguno de nosotros tenemos la autoridad para cerrar una calle creyéndonos dueños de todo el espacio, así como tampoco podemos echar a cualquiera de nuestros parques y barrios porque vienen de otros lugares. Porque, así como quitarle la mercadería a una pobre mujer no reducirá la informalidad, el encerrarnos y expulsar a personas de nuestros parques no hará que estemos más seguros.
En estas situaciones hay límites que -individualmente- no podemos sobrepasar, afectando el derecho de los demás, ya que son competencia de instituciones que existen y con las que contamos. Que no hagan su trabajo ya es otra cosa, pero en nosotros está el exigir que cumplan sus funciones el cual debería ser el rumbo natural a seguir, y no tomar nosotros la decisión de “quien vive y quien no” como en las películas del viejo oeste. (Comunicando Bosque y Cultura).