Kuri Anka | Dolly Cristina Del Águila Arévalo

Lo que la Constitución no garantiza, el cuerpo de un niño lo exige

La ironía debería inquietarnos; el caso Sterling v. City of Jackson, nacido de la crisis del agua en Jackson, Mississippi, es un espejo incómodo: mientras el máximo tribunal de una potencia retrocede en su reconocimiento judicial del agua limpia como derecho humano, el consenso internacional avanza en sentido contrario. Ningún retroceso judicial en otro país cambia una verdad biológica elemental: el cuerpo de un niño no distingue jurisdicciones; si bebe agua contaminada, se enferma, exista o no una sentencia o una ley que lo proteja. Lo que la Constitución no garantiza, el organismo de un niño en San Martín lo exige en las postas médicas todos los días.

Si se observa este problema solo como un tema ambiental, se pierde más de la mitad del cuadro. El territorio se lee en componentes interrelacionados entre sí, observados y que requieren decisiones integrales:

Componente ambiental (organismo vivo). El agua que corre por los afluentes de Morales, Tarapoto, Juan Guerra y La Banda de Shilcayo llega contaminada a las comunidades que dependen de ella, por vertimientos que en gran parte siguen sin tratamiento. Una tesis de maestría reciente de la Universidad Nacional del Callao, elaborada con el apoyo de la Administración Local de Agua (ALA) Tarapoto, tomó muestras en las quebradas Hurmana, Ushpayacu y Ahuashiyacu, y en el río Cumbaza. El resultado es una bofetada técnica: los vertimientos elevan los coliformes fecales por encima del estándar nacional. La ANA identificó 351 fuentes contaminantes en la cuenca del Huallaga (51 de ellas solo en Tarapoto). El propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento registraba, a agosto de 2024, 148 vertimientos en proceso de «adecuación progresiva» en San Martín. A la par, una investigación de la Universidad Nacional de San Martín sobre el cultivo de arroz en Bellavista documentó el uso extendido de glifosato, paraquat, cipermetrina e imidacloprid, con residuos hallados en la propia agua de riego del departamento. En el río Tonchima, en Soritor, otra tesis midió directamente esos mismos compuestos y no halló rastros medibles — pero sí encontró nitratos y fósforo muy por encima del Estándar de Calidad Ambiental.

Componente social y cultural (el vínculo). En la ruralidad amazónica, el río no es un insumo que se abre desde un grifo cromado. Es el lugar de baño vespertino, la fuente de pesca de subsistencia, el espacio del juego infantil y el vínculo cultural cotidiano con el territorio. Cuando se contamina, no solo se pone en riesgo la salud: se rompe una forma de vida — y es también el ciclo que enfrentan los puestos de salud rurales, donde la diarrea recurrente en la niñez erosiona lo que la suplementación de hierro intenta reponer.

Componente económico-productivo (bienestar). Aquí conviven dos costos que la tecnocracia rara vez mira juntos. Por un lado, las familias destinan su escaso ingreso disponible y horas de trabajo a tratar infecciones hídricas recurrentes, restando inversión en educación o producción; la anemia y la desnutrición crónica infantil no son solo un problema de salud, son un freno productivo que se hereda de generación en generación. Por otro, el insumo: el uso de agroquímicos en la agricultura debe orientarse hacia una verdadera agroecología con biofertilizantes que logren la salud y el beneficio ecoamigable de esta actividad dependiente del agua.

Componente político-institucional (la paradoja del Estado). En San Martín, la política de reducción de la anemia infantil se sostiene, sobre todo, en el asistencialismo médico: comprar y repartir suplementos de hierro y dictar talleres de consejería a las familias. Sin embargo, no se asegura que la fuente de agua de la que beben esas familias esté limpia en origen. Mientras el sector Salud invierte en tratar la consecuencia, el saneamiento rural avanza a cuentagotas y la productividad agrícola sigue dependiendo de insumos que requieren una transformación sostenible. Son políticas que deberían estar integradas para un fin común: bienestar.

El niño que no tendrá defensas: el vínculo biológico

El vínculo biológico entre el agua no segura y la anemia infantil tiene evidencia que lo respalda con números. El consumo de agua contaminada durante la primera infancia altera la microbiota intestinal y produce lo que la literatura médica llama enteropatía ambiental: una inflamación crónica del intestino que reduce la capacidad de absorber hierro y otros nutrientes esenciales, incluso cuando la alimentación es adecuada.

Un estudio reciente, revisado por pares y publicado este año, analizó a más de 13,000 niños de entre 2 y 5 años; encontró que la anemia era considerablemente más frecuente entre quienes tenían la bacteria E. coli en su fuente de agua doméstica que entre quienes no —con una prevalencia de contaminación tres veces mayor en zonas rurales que en zonas urbanas—. El estudio advierte el rigor estadístico de no asumir una causa única; pero la dirección del hallazgo coincide con la evidencia internacional sobre agua, saneamiento e higiene (WASH) y su relación con la desnutrición crónica.

Esa es la amenaza que se acumula silenciosamente: un niño con la microbiota comprometida y, por ende, con anemia, no solo crece con menos energía y menor rendimiento escolar; llega con menos defensas al momento en que más las va a necesitar. Los brotes de enfermedades que trae consigo cada fenómeno climático extremo no golpean parejo: golpean con más fuerza al cuerpo infantil que ya llegó debilitado.

Una sola decisión para resolver diversos problemas públicos

Aquí está el punto que no puede seguir perdiéndose en el debate público: la cadena de contaminación ambiental y biológica que afecta la idónea nutrición de los niños. Un entorno que daña la capacidad de absorber los nutrientes por una microbiota comprometida debe ser gestionado de manera integral: agua, agricultura y salud infantil, y no por sectores con presupuestos fragmentados. El reto del futuro gobernante no es sumar promesas sueltas para cada sector, sino plantear una sola solución que resuelva a la vez diversos problemas públicos, precisamente porque están vinculados entre sí como causa y efecto.