Columna de opinión: MC Neptalí Santillán Ruiz
La inseguridad ciudadana dejó de ser una suma de hechos aislados para convertirse en una estructura de poder que disputa territorios, economías y hasta la vida cotidiana. En San Martín, la extorsión se multiplica, los homicidios aumentan, el robo golpea a comerciantes y familias, y las economías ilegales avanzan por corredores donde el Estado aparece tarde, mal equipado o simplemente no aparece. La delincuencia ya no toca la puerta: cobra cupos, controla rutas y prueba, todos los días, cuánto puede retroceder la autoridad pública.
Los datos retratan una emergencia que no admite maquillaje. En el primer semestre de 2024, el 23,8 % de la población regional de 15 años o más fue víctima de algún delito. Las denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes se multiplicaron por cinco y, en el acumulado 2019-2026, por diez. La tasa de homicidios pasó de 1,9 a 3,1 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Robos, hurtos y violencia familiar continúan ocupando un lugar central, mientras la minería ilegal agrega armas, dinero clandestino, corrupción y control territorial a una crisis que ya era grave.
Pero el mapa del delito no es uniforme. Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo concentran robos, asaltos y delitos contra el patrimonio en espacios comerciales y de alta circulación. Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista y Huallaga enfrentan una amenaza distinta: corredores vinculados a cultivos ilícitos, minería ilegal, tala informal y redes que requieren logística, protección y rutas de escape. Pretender responder a ambas realidades con el mismo patrullero, la misma cámara y el mismo discurso es una manera burocrática de garantizar el fracaso.
Frente a este cuadro, la respuesta oficial ofrece una de esas paradojas que tanto entusiasman a la propaganda. El Gobierno Regional puede exhibir una ejecución presupuestal general de 97,4 %, pero la inversión en seguridad ciudadana continúa por debajo del 3,5 % del presupuesto institucional de los pliegos subnacionales. Es decir, se gasta casi todo, pero no necesariamente donde la población siente que le están quitando la tranquilidad, el ingreso y la vida. La ejecución global se convierte así en un trofeo estadístico que oculta la baja prioridad política de la seguridad.
Más de la mitad de las comisarías sigue operando con deficiencias de infraestructura, habitabilidad y servicios básicos. Sin embargo, la respuesta privilegia la compra visible: 51 camionetas, 48 motocicletas y equipos que sirven para la fotografía de entrega. El problema no es adquirir vehículos; el problema es creer que la seguridad se resuelve acumulando fierros sin personal suficiente, inteligencia criminal, mantenimiento, comunicaciones interoperables, investigación financiera ni presencia territorial sostenida. Un patrullero sin combustible, una cámara sin conectividad y una comisaría sin condiciones mínimas son monumentos caros a la improvisación.
También persiste una fragmentación cómoda para todos y útil para nadie. El Gobierno Regional concentra las grandes compras; las municipalidades sobreviven pagando serenazgo y combustible; la Policía Nacional administra déficits; y el Gobierno Nacional reaparece para anunciar operativos. Cada institución ejecuta su pequeña parcela, mientras el crimen trabaja en red. La delincuencia cruza provincias, mueve dinero, corrompe funcionarios y combina violencia urbana con economías ilegales; el Estado, en cambio, sigue defendiendo competencias como si fueran fronteras feudales.
La invocación a las Obras por Impuestos tampoco debe convertirse en una nueva religión privatizadora. El mecanismo puede acelerar inversiones y existe un margen regional estimado en S/ 1 610 millones, pero no reemplaza la responsabilidad del Estado. Hoy el principal cuello de botella no es sólo la falta de empresas interesadas, sino la incapacidad pública para formular proyectos viables en Invierte.pe. Los municipios priorizan pistas, veredas y saneamiento, mientras el banco de inversiones en seguridad permanece vacío. Donde no hay proyecto, no hay financiamiento; donde no hay capacidad técnica, manda la improvisación.
