Informe de control detecta situaciones adversas en proyecto de ampliación de servicios de salud de Campañilla en Mariscal Cáceres. Se cuestiona la supervisión de la obra y los vacíos en la Ley de Contrataciones del Estado que siguen repitiéndose.

Una nueva advertencia que vuelve a poner sobras la ejecución de obras públicas en la región, la Contraloría General de la República notificó al Gobierno Regional de San Martín sobre la existencia de situaciones adversas detectadas en la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el establecimiento de salud Nivel II-3 del distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres. El documento, contenido en el Oficio N° 000228-2026-CG/GRSM, fue remitido por el Gerente Regional de Control de San Martín, Juan Humberto Ramírez Merino, al Gobernador Regional, Walter Grundel Jiménez, el pasado 01 de abril de 2026.

Según el informe de Hito de Control N° 5523-2026-CG/GRSM-SCC, la revisión incluyó el expediente técnico, la ejecución contractual y la valorización correspondiente a marzo de 2026, en el marco del proyecto valorizado en más de 145 millones de soles. La Contraloría advierte que estas situaciones podrían afectar la continuidad del proceso, el logro de los objetivos del proyecto y el uso eficiente de los recursos públicos, de no adoptarse medidas correctivas oportunas.

El oficio, firmado por el representante de la Contraloría en la región, establece que el Gobierno Regional tiene un plazo de cinco días hábiles para informar sobre las acciones preventivas y correctivas que implementará frente a las observaciones detectadas.

VOCES intentó comunicarse con el gerente de infraestructura del GORESAM para conocer sus explicaciones y la respuesta a la Contraloría – pasado largamente los plazos – siendo vanos nuestros intentos.

La comunicación de la Contraloría al Gobierno Regional se realiza en cumplimiento del artículo 8 de la Ley N° 27785 y la Directiva N° 013-2022-CG/NORM, que regulan el servicio de control simultáneo.

Sin embargo, más allá de la alerta técnica, el caso vuelve a encender una interrogante de fondo: ¿dónde estuvo la supervisión de la obra? Si bien el sistema de contratación pública contempla la figura de supervisores externos, la reiteración de fallas en proyectos de gran envergadura evidencia posibles vacíos en la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente en lo referido a la responsabilidad efectiva de los supervisores y la calidad del control durante la ejecución, además de los mal llamados “vicios ocultos”

Especialistas consultados coinciden en que uno de los principales problemas radica en que la supervisión muchas veces se convierte en un trámite más que en un verdadero filtro técnico. “El supervisor dependen contractualmente de la misma entidad que ejecuta la obra, lo que puede generar conflictos de interés o debilidades en el control”, señalan. A ello se suma la limitada capacidad sancionadora inmediata frente a incumplimientos detectados en campo.

El caso de Campanilla no es aislado. En diversas regiones del país, proyectos millonarios presentan retrasos, adicionales de obra y deficiencias técnicas que terminan encareciendo las inversiones o, en el peor de los casos, dejando infraestructuras inoperativas. La pregunta es inevitable: ¿quién fiscaliza realmente al fiscalizador?

Frente a este panorama, surgen propuestas que apuntan a fortalecer el sistema. Entre ellas, se plantea reformular el esquema de supervisión de obras públicas, estableciendo mecanismos de independencia real del supervisor, así como la incorporación de tecnologías de monitoreo en tiempo real y mayor participación de la ciudadanía en la vigilancia de proyectos. Asimismo, se propone cerrar los vacíos normativos en la Ley de Contrataciones del Estado, endureciendo las sanciones y mejorando los criterios de selección de empresas ejecutoras y supervisoras.

Ante la situación advertida por la Contraloría no solo evidencia fallas técnicas, sino también serias debilidades en la supervisión y control del proyecto. Resulta imprescindible que el Gobierno Regional de San Martín adopte medidas urgentes para corregir las inconsistencias del expediente técnico, la falta de aplicación de métodos adecuados de fraguado del concreto, el uso de materiales que no cumplen las especificaciones técnicas, así como las deficiencias en compactación, drenaje y almacenamiento de agregados. Del mismo modo, urge esclarecer y sancionar la ejecución de trabajos durante la suspensión de la obra, hecho que compromete la transparencia y el adecuado control de plazos.

Queda evidente, de no atenderse estas omisiones con prontitud, se pone en riesgo no solo la inversión pública, sino también la calidad y seguridad de un establecimiento de salud clave para más de 27 mil ciudadanos.

Por ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno Regional de San Martín, que deberá responder en el plazo establecido y adoptar las medidas necesarias para evitar que una obra clave para la salud de miles de ciudadanos termine convertida en un nuevo símbolo de ineficiencia pública. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas claras y, sobre todo, resultados concretos.