Tarapoto presenta una sobrepoblación de internos superior al 170%

En Moyobamba para albergar entre 156 y 200 internos, ha llegado a registrar más de 800 reclusos, configurando un escenario extremo

En el marco del Plan Nacional de Des hacinamiento, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció el traslado de 91 internos desde penales con altos niveles de hacinamiento hacia el Establecimiento Penitenciario Pampas de Sananguillo, en Tarapoto, como parte de una estrategia para reducir la sobrepoblación penitenciaria y mejorar las condiciones de reclusión en la región.

Durante su visita de trabajo, el titular del sector constató directamente la crítica situación en la que se encuentran diversos centros penitenciarios, destacando que el penal de Tarapoto presenta una sobrepoblación superior al 170% de su capacidad, lo que evidencia el colapso del sistema en esta zona del país.

En contraste, el penal de Pampas de Sananguillo, inaugurado en 2012 y diseñado para albergar entre 636 y 643 internos, cuenta actualmente con disponibilidad de espacios, lo que permitirá ejecutar este traslado de manera inmediata.

“Lo que estamos haciendo es disponer, en coordinación con el director regional, el traslado de internos de penales hacinados a este penal, con lo cual estaremos liberando otros establecimientos”, precisó el ministro, subrayando que esta medida forma parte de una política integral orientada a recuperar el control y garantizar la seguridad dentro de los recintos penitenciarios.

En el caso del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba (San Cristóbal), la situación es aún más alarmante. Diseñado históricamente para albergar entre 156 y 200 internos, este recinto ha llegado a registrar más de 800 reclusos, configurando un escenario de hacinamiento extremo que compromete seriamente la gestión penitenciaria.

El ministro enfatizó que el deshacinamiento no solo responde a una necesidad humanitaria, sino que constituye un eje fundamental de la política de seguridad ciudadana del Gobierno, ya que el exceso de población penal dificulta el orden interno, debilita los mecanismos de control y favorece la articulación de redes criminales desde el interior de los penales.

Especialistas coinciden en que el crecimiento desproporcionado de la población penitenciaria, frente a la limitada expansión de infraestructura, genera un círculo vicioso que impide la rehabilitación efectiva de los internos. En lugar de cumplir su función resocializadora, las cárceles terminan operando como espacios de reproducción del delito, donde se consolidan estructuras delictivas que trascienden los muros penitenciarios.

En ese sentido, la medida anunciada por el sector Justicia constituye un alivio temporal frente a una crisis estructural que requiere soluciones sostenidas, inversión en infraestructura y políticas públicas integrales. Mientras tanto, el sistema penitenciario peruano continúa enfrentando uno de sus mayores desafíos: recuperar el control, garantizar condiciones dignas y evitar que el hacinamiento siga debilitando la seguridad del país.