Alberto Fujimori solicita al Congreso que se le otorgue la pensión de expresidente, escolta y gasolina
El expresidente peruano busca recuperar beneficios económicos y asistencia personal argumentando derechos por su antiguo cargo, desafiando las restricciones legales y la deuda millonaria con el Estado, mientras enfrenta múltiples procesos judiciales
Alberto Fujimori, excarcelado en diciembre pasado tras una orden del Tribunal Constitucional, solicitó al Congreso de la República se le otorgue la pensión en su calidad de exmandatario (15,600 soles). El exgobernante – sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta – salió de prisión por el indulto recibido. Cumpliría su condena recién en febrero del 2032.A través de su abogado Elio Riera, Fujimori hizo el pedido en un escrito enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, el pasado 24 de abril.
Realizó tres solicitudes formales al Congreso para obtener una pensión, el pago de un asistente personal y vales de combustible, según un informe difundido este lunes por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.
En un mensaje enviado a la televisora, la defensa del exautócrata confirmó la tramitación de estos beneficios. “Sí, los he mandado yo, con firma del expresidente también. Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”, dijo el letrado.
Otros siete casos pendientes
Fujimori aún tiene cuentas pendientes con la justicia. A pesar de haber recibido indultos humanitarios en el 2023, todavía enfrenta procesos legales relacionados con diversas acusaciones. Estos asuntos judiciales abarcan desde graves violaciones de derechos humanos hasta corrupción y malversación de fondos públicos.
Estos incluyen acusaciones relacionadas con la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como delitos como homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y peculado doloso, entre otros.
Uno de los casos más sensibles es el de las esterilizaciones forzadas, donde Fujimori y varios de sus exministros están acusados de implementar una política de salud pública que incluía la esterilización de mujeres sin su consentimiento. Este caso fue calificado como una grave violación de los derechos humanos y está siendo investigado.
