La comparecencia del exjefe de la ONPE ante la Fiscalía Anticorrupción abre nuevas interrogantes sobre la transparencia de las Elecciones Generales, en un contexto marcado por cuestionamientos y creciente desconfianza ciudadana.
En medio de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en las recientes Elecciones Generales, Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acudió a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para cumplir con la entrega de su pasaporte y proporcionar información relevante para el caso. La diligencia, programada para las 16:00 horas, se inició antes de lo previsto, cuando el ex funcionario llegó a las 15:22, y se extendió por más de una hora y media, tras lo cual se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.
La citación fue realizada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que considera clave la participación de Corvetto en las diligencias vinculadas a los comicios del 12 de abril. Su presencia cobra mayor relevancia tras haber presentado previamente su renuncia, un hecho que ha intensificado las dudas sobre su gestión y decisiones durante el proceso electoral.
De acuerdo con documentos fiscales, se ha tomado en cuenta la situación personal del exjefe electoral. En ese marco, se informó que canceló un periodo de vacaciones previsto entre el 7 y el 12 de mayo, además de contar con seguridad permanente las 24 horas, una medida que será considerada en el desarrollo de las investigaciones.
En paralelo, Corvetto ha solicitado la reprogramación de su declaración testimonial para que se realice de manera virtual, amparándose en lo establecido por la Ley N° 32374. No obstante, manifestó su disposición de acudir de forma presencial si las autoridades lo requieren.
Este proceso forma parte de una investigación más amplia que busca determinar responsabilidades y garantizar la transparencia electoral, en un escenario donde diversas voces han cuestionado la legitimidad y el manejo de los comicios. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios, en un caso que podría tener implicancias significativas para la institucionalidad democrática del país.



